El herbicida más popular del mundo se utiliza en agricultura y para el control de maleza en entornos urbanos.
El glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Fue comercializado por primera vez por Monsanto con el nombre de Roundup en la década de 1970, pero desde que su patente caducara en el año 2000, numerosas compañías producen hoy glifosato con diferentes nombres comerciales. Se ha convertido en el herbicida más vendido del mundo, y aunque es legal, las asociaciones ecologistas en España demandan límites en su uso no agrario y critican su uso masivo por su alta toxicidad.
El glifosato es un herbicida que tiene un uso ampliamente extendido en la agricultura y en las labores de control de maleza en los entornos urbanos, como solares, jardines y cunetas. Se infiltra en el suelo, es muy soluble en el agua y persistente en el medio, contaminando los acuíferos. Se le considera tóxico para la fauna acuática, los animales domésticos y el ganado. Además se sospecha que actúa como disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción.
Éstas son algunas de las razones por las que en 2015 el glifosato fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los humanos”. No obstante, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria asumió el mismo año un informe favorable a su uso. Desde entonces hay en marcha un proceso de reautorización de esta sustancia en Europa y en este tiempo se ha recrudecido la controversia sobre los efectos de este plaguicida en la salud de las personas y del medio ambiente.
Presión social
El pasado mes de marzo el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la UE aplazó la decisión sobre la reautorización del glifosato en Europa, debido a la intensa campaña desarrollada por la sociedad civil europea y a que países como Francia, Italia, Suecia y Países Bajos mostraron públicamente su oposición a volver a autorizar su uso durante 15 años. Sin embargo, el Gobierno español se ha mostrado alineado con la posición de la EFSA.
Mientras que el pasado mes de abril el Parlamento Europeo aprobó restringir su uso, pero no prohibirlo, como pedían los activistas, será a mediados de 2016 cuando la Comisión Europea debería dictar una resolución definitiva. Por esta razón varias decenas de entidades sociales, científicas, ecologistas y sindicatos de España se han dirigido por carta a los responsables de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solicitando que la representación española modifique su posición y vote contra la reautorización, en tanto se aclara la controversia científica existente y se decide su clasificación en la UE.
